Con AN en el poder, más de 900 reos por causas políticas

La mitad de los presos son indígenas; Atenco, APPO y pugnas por la tierra, los temas que más detenidos dejaron en 7 años de gobierno panista

Blanche Petrich /I

En los siete años que los panistas han gobernado México más de 900 personas han sido encarceladas por motivos políticos. A la fecha, hay al menos 169 activistas de diversas causas en reclusorios estatales y federales de nueve estados, la mayor parte en Chiapas, estado de México, Oaxaca y Guerrero, anque también hay en Yucatán, Veracruz, Tabasco, Michoacán y San Luis Potosí.

Aproximadamente la mitad de estos detenidos son indígenas, quienes fueron arrestados y procesados por conflictos relacionados con la lucha por la tierra, pero en la lista de presos hay toda una gama de causas: ecologistas en resistencia contra proyectos de industrialización, urbanización o turismo; trabajadores en defensa de su empleo; promotores de derechos humanos y comunitarios; indígenas en defensa de su autonomía y adherentes a la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

También hay 12 reos sentenciados que pertenecen a organizaciones armadas. De esta lista, algunos reconocen ser combatientes; otros no, como es el caso de los hermanos Héctor y Antonio Cerezo, quienes dentro de un año y medio culminarán una pena de siete años por los bombazos en una sucursal de Banamex, a principios del sexenio de Vicente Fox.

Sin embargo, el grueso de los detenidos fue arrestado en el contexto de grandes operativos policiaco-militares dirigidos contra movilizaciones populares. Las embestidas, que desembocaron en detenciones masivas, arrancaron con la orden del entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, de disolver las protestas populares contra la cumbre de jefes de Estado y de gobierno realizada en Guadalajara en 2004, con un saldo de 45 detenidos.

Luego vinieron los ataques de fuerzas federales y mexiquenses contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, con 209 detenidos, de los cuales aún quedan 31 procesados; contra las expresiones de repudio a la visita de George Bush, en Mérida (48 presos, libres ya todos) y contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante los operativos de noviembre del año pasado y junio de este año. Fueron más de 500 los oaxaqueños que llegaron a distintas prisiones, de los cuales aún hay 34 procesados, entre ellos Herzaín Michel, menor de edad.

En casi todas estas historias de captura ilegal y procesos judiciales irregulares se han hecho presentes la brutalidad policiaca, la tortura y, en muchos casos, la violación a mujeres. La indefensión jurídica es otro denominador común.Seguir leyendo

Criminalizar la protesta social, el pan de cada día

Castigo a la disidencia, conducta común de los tres órdenes de gobierno

Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, botones de muestra de la represión

Blanche Petrich /II

Las detenciones irregulares, las acusaciones judiciales “por motín, asociación delictuosa y terrorismo” y las órdenes de aprehensión emitidas “como amenaza permanente” contra activistas sociales y políticos “son hoy el pan de cada día” para los movimientos populares, advierte el dirigente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero, Abel Barrera.

Como él, otros defensores de derechos humanos caracterizan las políticas del gobierno federal y varios mandatarios estatales como “de castigo a la disidencia”, de “criminalización de la protesta social” y de “persecución a la solidaridad y la libertad de expresión”, patrón que ejecutan lo mismo los gobernadores perredistas de Chiapas, Juan Sabines, y de Guerrero, Zeferino Torreblanca, que los ex mandatarios panistas de Yucatán, Patricio Patrón, y de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, además de los priístas de Oaxaca, Ulises Ruiz; del estado de México, Enrique Peña Nieto, y de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.

En su balance sobre el sexenio de Vicente Fox Quesada en materia de derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro concluyó: “Las protestas generadas por situaciones económicas, políticas o sociales siguen siendo interpretadas como si fueran cuestiones de seguridad. Para enfrentar a la oposición y a la protesta el gobierno, en sus tres niveles, ha asumido una actitud con tintes autoritarios. Los reclamos y las demandas superan su capacidad de reacción en un contexto democrático”.

Un repaso de los expedientes de presos y ex presos –siempre cambiante e impreciso por las excarcelaciones dictaminadas por disolución de pruebas o imposición de fianzas arbitrarias y por la falta de un trabajo sistemático de las redes ciudadanas para actualizar la estadística– llevan al lector a un recorrido por las distintas expresiones de resistencia popular. Leer más

En las listas de presos políticos “no están todos los que son ni son todos lo que están”

Los hermanos Palemón, Rododlfo y Gerardo Cabrera González, campesinos defensores de los bosques de la sierra de Petatlán, Guerrero, quienes llevan varios años en el penal de Las Cruces, aparecen tras la rejilla de prácticas en la audiencia de ayer, donde estuvieron presentes varios “testigos” de crímenes de los que se les acusa

En Chiapas, las víctimas y sobrevivientes de una agresión son tratados como culpables

Blanche Petrich / III y última

El catequista chol Diego Arcos Meneses, poblador de Viejo Velasco, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, está preso, acusado de homicidio a raíz de un ataque del grupo paramilitar del poblado vecino, Nueva Palestina, que pretende despojar a su ejido. En la acción fueron ejecutadas seis personas, y dos desaparecidas. Los peritajes demostraron que Arcos no disparó arma de fuego. En cambio, un paramilitar que sí disparó está libre. Es, sostiene el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, un caso “nada excepcional en el estado en el que las víctimas y sobrevivientes de una agresión son tratados como culpables”. Es uno de los 78 “presos políticos” de la entidad.

En Michoacán está preso Hilarión Torres, purépecha de Irícuaro y dirigente de la Organización Campesina Indígena Popular, que se opone al despojo de tierras comunales y bosques para destinarlas a proyectos residenciales y turísticos. Su hijo fue asesinado anteriormente por caciques locales. Otros 40 campesinos tienen órdenes de aprehensión.

Acusada de “despojo” por un terrateniente bajacaliforniano que ha invadido 700 hectáreas de territorio kumai en el municipio de Rosarito, la indígena Eva Carrillo Vega, de San José de la Zorra, Baja California, fue detenida en represalia porque su hijo, líder del movimiento en defensa de la tierra, está prófugo.

En la prisión de Tacotalpa, Tabasco, están presos desde hace 11 años Francisco Pérez Vázquez, de 70 años, y su hijo Angel Concepción. Son choles del norte de Chiapas, bases zapatistas, fundadores de la organización campesina Xinich. En busca de tierras migraron a Tabasco y se asentaron en Huacapal. Esas tierras entraron en conflicto con el ejido Tuitzol. En un enfrentamiento murieron dos personas de cada bando. A pesar de que los Pérez no estaban ese día en el ejido, fueron encarcelados y sentenciados a 25 años.

Diez indígenas nahuas de Ixhuatán de Madero, Veracruz, fueron apresados el 14 de junio durante un desalojo de tierras. Militan en el grupo Dorados de Villa y defienden tierras ejidales contra un intento de despojo apoyado por el gobierno de Veracruz. Ya están libres. Pero otro indígena de la sierra Zongolica, Isidro Tehuintle, fue detenido por la Agencia Federal de Investigaciones por realizar bloqueos. Fue una de las voces más críticas contra la versión de la “muerte natural” de la anciana Ernestina Ascensión, atacada por el Ejército en Soledad Atzompa.

En San Luis Potosí fue detenido Pedro Rebolloso, opositor a la minera San Xavier. Su arresto ocurrió en abril, durante un plantón en pleno centro de la capital potosina. La autoridad se desistió de su acusación y fue liberado mes y medio después.

En la Puebla de Mario Marín, dos defensores de derechos humanos fueron apresados en 2005 por órdenes del gobernador para satisfacer a un empresario textilero, Kamel Nacif: la periodista Lydia Cacho, quien había denunciado los nexos del llamado Rey de la mezclilla con redes de pederastas, y Martín Barrios, que documentaba la explotación de sus fábricas.

Historias como éstas suman cientos de expedientes en todo el territorio nacional. Pero en las listas que elaboran periódicamente grupos de defensores de “presos políticos”, como el Comité Cerezo, la Coordinadora Nacional por la Libertad de los Presos Políticos o la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, no están todos los que son ni son todos los que están. Seguir leyendo

Paradojas de la devastación rural

Luis Hernández Navarro

Curiosa ironía. La principal mercancía de exportación rural, la más rentable, la que más divisas trae al país, es la única que no fue negociada en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).

La fuerza de trabajo migrante quedó fuera del acuerdo comercial. Creció enormemente a raíz de su firma. No cuenta con protección alguna. Labora en condiciones terriblemente desventajosas en relación con los trabajadores formales. Sin embargo, el año pasado envió de Estados Unidos, como remesas, cerca de 21 mil millones de dólares.

La acción combinada de apertura de fronteras a la importación de alimentos, privatización y desregulación ha despoblado el agro. Según el más reciente informe del Banco Mundial, desde que México forma parte del TLCAN, el campo ha perdido la cuarta parte de su población (La Jornada, 20/10/07). Los jóvenes campesinos han tenido que dejar sus pueblos y sus tierras para buscar empleo en los centros urbanos o en el otro lado de la frontera. El país se ha convertido en el principal expulsor de mano de obra del mundo. La patria del Tío Sam es su principal destino.

Quienes negociaron el tratado por la parte mexicana sabían que esto iba a suceder. Según ellos, era un paso necesario para “la modernización”, pues una nación como la nuestra no podía tener 30 por ciento de su población en el medio rural. Había, pues, que drenarla: mandarla a las ciudades.

Los tecnoburócratas aseguraron que el acuerdo comercial estimularía el crecimiento de la economía y crearía empleos suficientes para los desterrados. Afirmaron que era más eficaz asistir a los campesinos como pobres en las grandes ciudades que hacerlo en las comunidades rurales. Dijeron que importar granos básicos y oleaginosas de Estados Unidos era bueno para México y para sus sectores más desfavorecidos, porque era más barato que producirlos aquí. Prometieron que nuestra ventaja comparativa en la agricultura semitropical –el nicho de mercado en el que somos más rentables– crearía riqueza en el campo y compensaría las compras de alimentos al exterior.

Nada de eso sucedió. La apertura comercial puso a competir a desiguales en condiciones de igualdad y arrasó con los agricultores nacionales. La producción rural se modernizó muy marginalmente. La economía no creció significativamente y no se crearon los empleos suficientes. Los programas de combate a la pobreza en las ciudades y la dotación de servicios en las colonias pobres de las grandes urbes decayeron. El precio de los granos básicos en el mercado mundial se elevó y tuvimos que importarlos caros, pudiendo sembrarlos. La cosecha de productos tropicales como el café o el cacao se estancó. Nos quedamos sin autosuficiencia alimentaria y sin ventajas comparativas.

El campo se convirtió en una inmensa fábrica de pobreza que expulsa a la población más joven, escolarizada y emprendedora. Los ejidos y rancherías son estacionamientos de seres humanos en los que viven ancianos, mujeres y niños, en parte gracias a las remesas que sus familiares les mandan del otro lado. Leer más

A FAVOR DE LUIS JAVIER GARRIDO COMO RECTOR DEMOCRÁTICO EN LA UNAM

Torre de Rectoría de la UNAM

En la necesidad de no dejar pasar inadvertido el oscuro traspaso de poder que las élites de la Universidad, hacen acosta de un país en crisis por contradicciones inmanentes al capital y con las tremendas facilidades que las estructuras antidemocráticas y autoritarias otorgan a los ’suspirantes’ al proyecto privatizador de la UNAM; es necesario asumir nuestra responsabilidad para luchar por los derechos que nos corresponden de decidir sobre el rumbo de ésta universidad.

Por una parte hacemos un llamado a la organización social para la defensa del agandalle neoliberal y contra la injusticia, pero también sabemos que la urgente necesidad de arrebatar el poder a quienes hacen mal uso de él nos convoca a impulsar al Profesor Garrido para asumir la rectoría en la UNAM, en un intento más por defender la lucha por la universidad pública y gratuita.

Algunas propuestas del doctor Garrido:

(la propuesta completa en www.garridorector.org.mx)

"El presupuesto universitario debe ser ampliado con una exigencia cada vez más firme ante las autoridades federales pero también debe ser objeto de un manejo racional ydemocrático que tome en cuenta las preocupaciones del conjunto de la comunidada fin de que se termine con las prácticas actuales de dispendio y corrupción". Seguir leyendo

La Universidad

Luis Javier Garrido

¿Va la UNAM hacia una privatización más abierta?

1. El proyecto neoliberal, impulsado por Washington y el gran capital financiero a través de los organismos financieros creados por la Organización de las Naciones Unidas (el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) e incluso a través de entidades culturales desvirtuadas de sus objetivos originales (la UNESCO), ha tenido como objetivo el desmantelamiento de las entidades públicas del planeta, y entre éstas aparecen como enclaves estratégicos las que se fueron creando en México durante los primeros regímenes posrevolucionarios: no sólo las empresas estatales (Pemex) y las grandes entidades públicas (el IMSS), sino de manera particular las universidades públicas, y entre éstas de manera especial la UNAM: la universidad más importante de América Latina.

2. Los cuatro rectores neoliberales que ha tenido la máxima casa de estudios de México –Jorge Carpizo (1985-1989), José Sarukhán (1989-1997), Francisco Barnés de Castro (1997-1999) y Juan Ramón de la Fuente (1999-2007)— han buscado todos desmantelar el proyecto histórico de la UNAM, privatizándola y poniéndola al servicio del gran capital, y todos sin excepción han debido enfrentarse a vigorosas respuestas de la comunidad universitaria impidiéndoles avanzar en sus designios.

3. El Movimiento Estudiantil y Popular de 1999-2000, encabezado por el Consejo General de Huelga (CGH), que constituyó un verdadero parteaguas en la historia de las universidades latinoamericanas, constituye desde entonces el referente fundamental. No obstante enfrentarse el movimiento al gobierno federal –empecinado en instaurar cuotas y privatizar la educación superior en contra de los principios constitucionales e históricos del país–, y a los partidos políticos que sin excepción avalaron su negativa al diálogo e impulsaron una “solución de fuerza” con el apoyo de la casi totalidad de los medios, fue un movimiento victorioso, pues logró detener la ofensiva privatizadora y obligó al Consejo Universitario y a la rectoría a echarse atrás y a respaldar las tesis del movimiento.

4. El triunfo del CGH, a pesar de la cárcel que sufrieron muchos de sus integrantes, puede constatarse al observar el comportamiento de los actuales suspirantes por la rectoría, que defienden todos la tesis central del movimiento sobre la universidad pública gratuita, cuando ocho años atrás casi todos se manifestaban partidarios de las cuotas, enemigos del diálogo e incluso partidarios del uso de la fuerza.

5. La situación actual no debe, empero, soslayarse. La gestión de De la Fuente constituyó, no obstante lo acontecido y a pesar de lo que dice la descomunal propaganda de la rectoría, un periodo de regresiones, ya que la privatización prosiguió de manera callada, pues de los programas de estudio se han suprimido disciplinas que no convienen al capital privado y la investigación está cada vez más financiada por corporaciones y al servicio de éstas; se han ampliado cuotas de servicios, exámenes y procesos de titulación; las instalaciones universitarias se hallan subutilizadas en un país que reclama un crecimiento de la matrícula, y la corrupción se ha incrementado como el autoritarismo, que ha llevado a que decenas de estudiantes hayan sido expulsados por motivos políticos. Continuar leyendo

Lo que busca Cuauhtémoc Cárdenas

Julio Pomar

Lo que tenía que pasar, pasó. Don Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien nadie de importancia en la izquierda mexicana se había atrevido a criticar a fondo por su equívoca y ambigua postura respecto de la candidatura perredista de Andrés Manuel López Obrador, él mismo se encargó de aclarar lo que era ya un rumor a gritos respecto de su postura hacia Felipe Calderón, que a la postre implica, a la vez, su postura ante López Obrador.

El, Cuauhtémoc Cárdenas, acaba de decir su verdad de que considera como presidente de México a Felipe Calderón Hinojosa simplemente “porque está gobernando”. Y agregó: Calderón “encabeza un gobierno constituido, reconocido por otros gobiernos” y “por todos los sectores de la sociedad”. Luego, “a mí me parece que hay que reconocerlo” (La Jornada, jueves 18 de octubre de 2007). Hay que sumarse a esta “cargada”, pues.

Su postura ahora ya es inequívoca. Hay que reconocer como presidente a Calderón y, por lógica consecuencia, hay que desconocer a quienes no aceptan que Calderón es el presidente de México. O sea, hay que desconocer la postura de los perredistas y de AMLO, para quienes Calderón sólo es un presidente “de facto”, espurio e ilegítimo. Mejor lanzada para dividir a las izquierdas no la habrían podido pergeñar las mentes poco astutas de la derecha que dice que gobierna a este país. No ha tenido Calderón que quebrarse mucho la cabeza para encontrar un aliado en la izquierda que lo favorezca en sus afanes de legitimación, y para dividir a esa gran corriente política, sino que lo ha hecho el anterior adalid indiscutido de la propia izquierda, y sin mucha astucia, por cierto.

Cuauhtémoc Cárdenas aparece, así, por segunda vez legitimando la presunta derrota electoral de la izquierda. La primera fue cuando se plegó al resultado fraudulento de las elecciones de 1998 que favorecieron a Carlos Salinas de Gortari. Su justificación, dicha casi en voz baja, como con vergüenza de expresarla, fue que no quiso “ensangrentar” al país con una oposición abierta y resuelta al fraude electoral del 98, ya que habría concitado una feroz represión. Acaso por eso mismo --según lo reveló años después Muñoz Ledo-- se entrevistó a solas, sin informarle a nadie de sus seguidores --en secreto, pues-- con el mismo Salinas que dubitaba del resultado de la elección pues sabía los arbitrios ilegales y tramposos a los cuales se debía su aparente triunfo, pero arremetía inconteniblemente por su legitimación. A Salinas de seguro le cayó como anillo al dedo el encuentro con don Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el entonces líder indiscutible de la inmensa oleada democratizadora nacional. Si ya el principal líder opositor, a quien se daba por ganador de la contienda electoral de manera destacadísima entre las filas priístas y salinistas, se le había vencido, para qué necesitaba legitimación mayor de otros. Acto seguido, Salinas se consagró a abrirse camino en los enredijos de la política mexicana, para afianzarse en el poder. Y lo consiguió, como se sabe, pero no por el camino certero y limpio de la veracidad electoral, sino por el tortuoso de los arreglos tras bambalinas. Seguir leyendo

El TLCAN expulsó 6.2 millones de campesinos

Reduce más la pobreza incrementar la producción en este sector que en otras actividades, afirma

Crece el control de las corporaciones; el alza de precios no beneficia a pequeños productores

Roberto González Amador y David Brooks

Washington, DC, 19 de octubre. En un periodo que coincide con la liberalización del sector y la apertura de fronteras a la importación de alimentos, el campo mexicano perdió una cuarta parte de sus habitantes en una década, reveló el Banco Mundial (BM). Y el ingreso que obtienen los que se quedaron ha perdido un tercio del poder adquisitivo que tenía hace 20 años, de acuerdo con un informe elaborado por el organismo.

La situación en México refleja el panorama del campo de América Latina. En la región, la agricultura da empleo a 30 de cada 100 personas, pero sólo genera 7 por ciento de la producción. “El sector marcha bien, pero a la gente no le va bien”, dijo Alain de Janvry, uno de los autores del informe.

Un panorama poco alentador para el campo mexicano fue el que puso sobre la mesa el Informe del desarrollo mundial, la publicación anual del BM que este 2007, como no ocurría desde hace 25 años, fue dedicado al tema de la agricultura. El tema fue elegido porque ahora el organismo multilateral, como dijo su presidente Robert Zoellick, ha llegado a la conclusión de que “un programa dinámico de agricultura para el desarrollo puede beneficiar a los casi 900 millones de habitantes de las zonas rurales de los países en desarrollo que viven con menos de un dólar por día”.

Como explicó Francois Bourguignon, vicepresidente y economista principal del BM, el incremento de la producción en el sector agrícola tiene un efecto mayor en la reducción de la pobreza que una mayor producción en otros sectores, como el industrial o los servicios.

El informe, titulado Agricultura para el desarrollo fue presentado hoy en el marco de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el BM. Robert Zoellick consideró que los países deben poner en marcha reformas fundamentales, como reducir las subvenciones que distorsionan el comercio y abrir los mercados.

Para México la relevancia de la agricultura, un sector dejado de lado en los programas oficiales y en las asignaciones de presupuesto en las últimas décadas, quedó de manifiesto este año. El incremento en la demanda mundial de maíz y caña de azúcar, básicamente para la producción de biocombustibles, provocó un desajuste de precios en el azúcar y la tortilla. El próximo año, serán eliminados completamente los aranceles para las compras de maíz y frijol, como parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

John Nash, economista del área de desarrollo sostenible del Banco Mundial, comentó en una conferencia de prensa que la próxima eliminación de los aranceles mexicanos a la importación de granos desde Estados Unidos y Canadá “tendrá un impacto modesto” en el mercado mexicano de maíz, frijol y azúcar, los tres productos que dejarán de estar protegidos. “Puede haber un efecto positivo de la apertura de la frontera, en especial para los productores de maíz”, dijo.

Ese comentario fue cuestionado por Karen Hansen-Kuhn, analista de ActionAid, una organización no gubernamental con sede en Washington que trabaja en 40 países en programas alimentarios y de lucha contra la pobreza.

“El TLCAN ha sido devastador para los pequeños productores en México. Varios millones de ellos han sido desplazados de sus tierras desde que comenzó a funcionar ese acuerdo y ahora que los precios de los granos se han elevado sensiblemente, el sector agrícola se encuentra devastado de una manera tal que es muy difícil para los campesinos regresar a producir sus tierras”, comentó Hansen-Kahn a La Jornada.

Los precios del maíz se han elevado, pero los apoyo que deberían recibir los agricultores del gobierno, como ocurre en otros países, han sido eliminados, añadió. “Eso es lo que ha promovido el Banco Mundial”. Mientras tanto, añadió, el control de las corporaciones privadas sobre el sector agrícola ha aumentado y aunque los precios son más altos para los productos del campo, los pequeños productores no se benefician de esa situación, agregó. Seguir leyendo