Con AN en el poder, más de 900 reos por causas políticas

La mitad de los presos son indígenas; Atenco, APPO y pugnas por la tierra, los temas que más detenidos dejaron en 7 años de gobierno panista

Blanche Petrich /I

En los siete años que los panistas han gobernado México más de 900 personas han sido encarceladas por motivos políticos. A la fecha, hay al menos 169 activistas de diversas causas en reclusorios estatales y federales de nueve estados, la mayor parte en Chiapas, estado de México, Oaxaca y Guerrero, anque también hay en Yucatán, Veracruz, Tabasco, Michoacán y San Luis Potosí.

Aproximadamente la mitad de estos detenidos son indígenas, quienes fueron arrestados y procesados por conflictos relacionados con la lucha por la tierra, pero en la lista de presos hay toda una gama de causas: ecologistas en resistencia contra proyectos de industrialización, urbanización o turismo; trabajadores en defensa de su empleo; promotores de derechos humanos y comunitarios; indígenas en defensa de su autonomía y adherentes a la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

También hay 12 reos sentenciados que pertenecen a organizaciones armadas. De esta lista, algunos reconocen ser combatientes; otros no, como es el caso de los hermanos Héctor y Antonio Cerezo, quienes dentro de un año y medio culminarán una pena de siete años por los bombazos en una sucursal de Banamex, a principios del sexenio de Vicente Fox.

Sin embargo, el grueso de los detenidos fue arrestado en el contexto de grandes operativos policiaco-militares dirigidos contra movilizaciones populares. Las embestidas, que desembocaron en detenciones masivas, arrancaron con la orden del entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, de disolver las protestas populares contra la cumbre de jefes de Estado y de gobierno realizada en Guadalajara en 2004, con un saldo de 45 detenidos.

Luego vinieron los ataques de fuerzas federales y mexiquenses contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, con 209 detenidos, de los cuales aún quedan 31 procesados; contra las expresiones de repudio a la visita de George Bush, en Mérida (48 presos, libres ya todos) y contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante los operativos de noviembre del año pasado y junio de este año. Fueron más de 500 los oaxaqueños que llegaron a distintas prisiones, de los cuales aún hay 34 procesados, entre ellos Herzaín Michel, menor de edad.

En casi todas estas historias de captura ilegal y procesos judiciales irregulares se han hecho presentes la brutalidad policiaca, la tortura y, en muchos casos, la violación a mujeres. La indefensión jurídica es otro denominador común.Seguir leyendo

Criminalizar la protesta social, el pan de cada día

Castigo a la disidencia, conducta común de los tres órdenes de gobierno

Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, botones de muestra de la represión

Blanche Petrich /II

Las detenciones irregulares, las acusaciones judiciales “por motín, asociación delictuosa y terrorismo” y las órdenes de aprehensión emitidas “como amenaza permanente” contra activistas sociales y políticos “son hoy el pan de cada día” para los movimientos populares, advierte el dirigente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero, Abel Barrera.

Como él, otros defensores de derechos humanos caracterizan las políticas del gobierno federal y varios mandatarios estatales como “de castigo a la disidencia”, de “criminalización de la protesta social” y de “persecución a la solidaridad y la libertad de expresión”, patrón que ejecutan lo mismo los gobernadores perredistas de Chiapas, Juan Sabines, y de Guerrero, Zeferino Torreblanca, que los ex mandatarios panistas de Yucatán, Patricio Patrón, y de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, además de los priístas de Oaxaca, Ulises Ruiz; del estado de México, Enrique Peña Nieto, y de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.

En su balance sobre el sexenio de Vicente Fox Quesada en materia de derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro concluyó: “Las protestas generadas por situaciones económicas, políticas o sociales siguen siendo interpretadas como si fueran cuestiones de seguridad. Para enfrentar a la oposición y a la protesta el gobierno, en sus tres niveles, ha asumido una actitud con tintes autoritarios. Los reclamos y las demandas superan su capacidad de reacción en un contexto democrático”.

Un repaso de los expedientes de presos y ex presos –siempre cambiante e impreciso por las excarcelaciones dictaminadas por disolución de pruebas o imposición de fianzas arbitrarias y por la falta de un trabajo sistemático de las redes ciudadanas para actualizar la estadística– llevan al lector a un recorrido por las distintas expresiones de resistencia popular. Leer más

En las listas de presos políticos “no están todos los que son ni son todos lo que están”

Los hermanos Palemón, Rododlfo y Gerardo Cabrera González, campesinos defensores de los bosques de la sierra de Petatlán, Guerrero, quienes llevan varios años en el penal de Las Cruces, aparecen tras la rejilla de prácticas en la audiencia de ayer, donde estuvieron presentes varios “testigos” de crímenes de los que se les acusa

En Chiapas, las víctimas y sobrevivientes de una agresión son tratados como culpables

Blanche Petrich / III y última

El catequista chol Diego Arcos Meneses, poblador de Viejo Velasco, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, está preso, acusado de homicidio a raíz de un ataque del grupo paramilitar del poblado vecino, Nueva Palestina, que pretende despojar a su ejido. En la acción fueron ejecutadas seis personas, y dos desaparecidas. Los peritajes demostraron que Arcos no disparó arma de fuego. En cambio, un paramilitar que sí disparó está libre. Es, sostiene el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, un caso “nada excepcional en el estado en el que las víctimas y sobrevivientes de una agresión son tratados como culpables”. Es uno de los 78 “presos políticos” de la entidad.

En Michoacán está preso Hilarión Torres, purépecha de Irícuaro y dirigente de la Organización Campesina Indígena Popular, que se opone al despojo de tierras comunales y bosques para destinarlas a proyectos residenciales y turísticos. Su hijo fue asesinado anteriormente por caciques locales. Otros 40 campesinos tienen órdenes de aprehensión.

Acusada de “despojo” por un terrateniente bajacaliforniano que ha invadido 700 hectáreas de territorio kumai en el municipio de Rosarito, la indígena Eva Carrillo Vega, de San José de la Zorra, Baja California, fue detenida en represalia porque su hijo, líder del movimiento en defensa de la tierra, está prófugo.

En la prisión de Tacotalpa, Tabasco, están presos desde hace 11 años Francisco Pérez Vázquez, de 70 años, y su hijo Angel Concepción. Son choles del norte de Chiapas, bases zapatistas, fundadores de la organización campesina Xinich. En busca de tierras migraron a Tabasco y se asentaron en Huacapal. Esas tierras entraron en conflicto con el ejido Tuitzol. En un enfrentamiento murieron dos personas de cada bando. A pesar de que los Pérez no estaban ese día en el ejido, fueron encarcelados y sentenciados a 25 años.

Diez indígenas nahuas de Ixhuatán de Madero, Veracruz, fueron apresados el 14 de junio durante un desalojo de tierras. Militan en el grupo Dorados de Villa y defienden tierras ejidales contra un intento de despojo apoyado por el gobierno de Veracruz. Ya están libres. Pero otro indígena de la sierra Zongolica, Isidro Tehuintle, fue detenido por la Agencia Federal de Investigaciones por realizar bloqueos. Fue una de las voces más críticas contra la versión de la “muerte natural” de la anciana Ernestina Ascensión, atacada por el Ejército en Soledad Atzompa.

En San Luis Potosí fue detenido Pedro Rebolloso, opositor a la minera San Xavier. Su arresto ocurrió en abril, durante un plantón en pleno centro de la capital potosina. La autoridad se desistió de su acusación y fue liberado mes y medio después.

En la Puebla de Mario Marín, dos defensores de derechos humanos fueron apresados en 2005 por órdenes del gobernador para satisfacer a un empresario textilero, Kamel Nacif: la periodista Lydia Cacho, quien había denunciado los nexos del llamado Rey de la mezclilla con redes de pederastas, y Martín Barrios, que documentaba la explotación de sus fábricas.

Historias como éstas suman cientos de expedientes en todo el territorio nacional. Pero en las listas que elaboran periódicamente grupos de defensores de “presos políticos”, como el Comité Cerezo, la Coordinadora Nacional por la Libertad de los Presos Políticos o la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, no están todos los que son ni son todos los que están. Seguir leyendo