La Ideología de los Jueces

Por Jaime Cárdenas

Eme-equis

Los ciudadanos, muchos medios de comunicación, los abogados y los propios jueces dicen que las leyes y el poder judicial no tienen o no deberían tener ideología, que los jueces “resuelven conforme a derecho” de manera neutral e imparcial. Se señala que la neutralidad judicial es un requisito sine qua non para que las decisiones de los tribunales sean justas, equilibradas, ponderadas o correctas. ¿Hasta dónde es cierto lo anterior?

En mi caso, niego que sea así; los jueces, como cualquier ser humano, tienen nacionalidad, género, son parte de un contexto histórico y cultural, tienen o no creencias religiosas o de otro tipo, asumen una posición frente a su vida y respecto a la sociedad y a la comunidad a la que pertenecen. ¿Por qué esos factores no deberían influir en las decisiones que adoptan? ¿Acaso son inmunes a su raza, género, condición social, educación y cosmovisión particular a la hora de dictar sentencias? ¿Se despojan de sus condiciones y peculiaridades personales al momento de resolver? ¿Será que el derecho que interpretan y aplican carece de fines, propósitos y valores? ¿Son los jueces una suerte de máquinas neutras sin creencias, ideología, sentimientos o prejuicios? ¿Por qué existe la tendencia a negar que los jueces y el derecho sean expresión de ideologías o prejuicios?

Según Duncan Kennedy, profesor en la Universidad de Harvard, en todos los sistemas políticos, aun en los democráticos, el discurso de los jueces y de las autoridades suprime, mistifica, distorsiona, esconde u oculta dos fenómenos claves: a) el grado en que las leyes otorgan poder a unos grupos en detrimento de otros y sirven para reproducir las estructuras jerárquicas que prevalecen en la sociedad; y, b) la manera en que los jueces, de manera consciente o inconsciente, persiguen orientaciones ideológicas para apuntalar los esquemas de desigualdad, discriminación o de privilegio de unos sobre otros.

Se intenta ocultar el carácter ideológico de las leyes y la aplicación que de las mismas hacen los jueces para mantener el status quo, para que no se transparente el funcionamiento real del sistema que protege y privilegia a algunos en perjuicio de los otros. La estabilidad de cualquier sistema político y jurídico depende en buena medida del mantenimiento del mito de la neutralidad de los jueces.

La interpretación, aplicación y creación del derecho, como muchas décadas atrás enseñó Hans Kelsen, es política jurídica, pero al fin y al cabo política. La ley se elabora con determinadas intencionalidades por parte de los legisladores y, posteriormente, se interpreta y aplica con esas intencionalidades o con otras parecidas para salvaguardar el status quo.

En México, como en cualquier otro país, la ideología está presente en el derecho y en su aplicación, aunque los jueces lo sigan negando y escudándose en la neutralidad. Sin embargo, nuestro problema mayor no consiste sólo en desmitificar la neutralidad judicial, sino en mostrar cuál es la ideología dominante en el derecho mexicano.

Durante décadas el sistema jurídico mexicano estuvo al servicio del PRI. Las escuelas y facultades de derecho del país en las que nos educamos muchos de los abogados hoy en ejercicio, reproducían el discurso priista y nacionalista en las aulas, y los egresados de esos centros de educación, en una gran mayoría, integraban el ejército de la burocracia política y jurídica de la época para reproducir ese mismo discurso autoritario y nacionalista.

Con la alternancia las cosas no han cambiado mucho: la actual hegemonía mediática, económica y política representada por los poderes fácticos, el PAN y el PRI, ha elaborado un nuevo discurso que privilegia la globalización, los beneficios económicos de las grandes corporaciones, la defensa de los poderes fácticos (medios electrónicos de comunicación, partidos, iglesias, organismos empresariales, etc.), las ideas de ley y orden y combate a la delincuencia organizada y común.

Pero olvida el discurso de la inclusión social, de la garantía efectiva de los derechos sociales, de la participación política a través de candidaturas independientes y ciudadanas, excluye los mecanismos participativos como el de la revocación del mandato y la democracia interna en los partidos, sindicatos, iglesias y organismos empresariales.

Se abstiene el nuevo discurso de poner las concesiones de acceso a los medios de comunicación electrónica al alcance de las minorías para que todos tengan voz. Para el actual esquema, es impensable que poderes fácticos como los medios de comunicación electrónicos sean sujetos obligados de las leyes de transparencia y acceso a la información pública.

Los jueces en sus resoluciones, sobre todo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunal cúspide del poder judicial mexicano, representan a la actual hegemonía mediática, económica y política y reproducen su discurso.

Representan a la hegemonía política porque son designados por ella –PAN y PRI han tenido la voz y el voto cantante en las últimas designaciones de los ministros– y, reproducen el discurso porque sus sentencias están del lado de los intereses de la hegemonía, como cuando resolvieron en favor de los bancos y no de los ahorradores.

No obstante, se siguen diciendo neutrales y celosos guardianes del Estado de derecho. Siempre que pueden manifiestan que resuelven conforme a derecho y jamás aceptarán la menor inclinación ideológica, aunque sus creencias, sus simpatías partidistas y políticas, su origen social y su sexismo, expresado en lo que dicen o no dicen sus sentencias, los desmientan.

¿No será acaso hora de que en México se desenmascarara a ese poder público para que quede claro que es otra más de las instituciones al servicio de la actual hegemonía?

*Doctor en derecho, ex consejero electoral del IFE, es actualmente investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.