Las causas de una crisis política.

Por Carlos Imaz G.

Imposible ignorar que la crisis política que se ha abierto en nuestro país tiene como uno de sus orígenes principales el fraude electoral. El que los responsables de cuidar el orden legal correspondiente (desde el Presidente de la República, la PGR, el IFE, hasta el Tribunal Electoral), que no sólo no lo atajaron y castigaron, sino que violaron flagrantemente las leyes para realizarlo y para convertirlo en “legal”, no hizo más que agravar la situación. Con ello, metieron en el caldero de la ilegalidad a las instituciones involucradas, a las que consumen al calor implacable de la ilegitimidad, en un caldo sazonado por su propio cinismo.

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación demostraron, en su dictamen final de la elección presidencial de 2006, que la voluntad popular fue usurpada y que para ello se cometieron delitos por parte de poderosas instituciones (y personas) públicas y privadas.Las pruebas plenas de ello se encuentran en el dictamen donde califican dicha elección y en su propia jurisprudencia, mismas que están disponibles en la página de internet del Tribunal Electoral. Aquí se presentan sólo siete ejemplos que confirman que esto es verdad.

1.- En su dictamen sobre las pasadas elecciones presidenciales el Tribunal Electoral sentenció que, “El Ejecutivo Federal… con un valor distinto a las vertidas en su entorno familiar o social como cualquier ciudadano”, es decir que en su carácter de Presidente de la República y con los recursos del Estado, violó la ley electoral y la Constitución y no pasó nada. Es decir, que de acuerdo a la inapelable sentencia, el Ejecutivo Federal, quien encarna la institución presidencial, es un delincuente electoral, pero no les importó.

2.- En el mismo documento, el Tribunal Electoral sentenció que “el Consejo Coordinador Empresarial (compuesto por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN); la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); Asociación de Bancos de México, A.C. (ABM) y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN))” violó la ley electoral y la Constitución y no pasó nada. Es decir, que de acuerdo a la inapelable sentencia en el “organismo cúpula del sector privado”, como lo llama el propio Tribunal, hay delincuentes electorales, pero tampoco les importó.

3.- El Instituto Federal Electoral (IFE), a través de un oficio fechado el 11 de julio, autorizó a los Consejos Distritales la apertura de paquetes electorales argumentando una supuesta solicitud del Tribunal Electoral, quien era el único facultado para ordenarla. Se documentó, por la Coalición por el Bien de Todos, por los medios de comunicación y fue reconocido por los propios Consejos Distritales, que efectivamente fueron abiertos y manipulados centenares de paquetes electorales. Sin embargo, como resultado de una demanda de la misma Coalición, el Tribunal Electoral desmintió, formal y públicamente, su supuesta solicitud de apertura de paquetes electorales, quedando demostrado que la apertura y manipulación de dichos paquetes fue ilegal. Se hizo evidente que la institución, IFE, y sus funcionarios, abusaron de su autoridad, usurparon funciones y alteraron la paquetería electoral, violentando dolosamente los principios de certeza, legalidad e imparcialidad jurídica a la que estaban obligados por ley. A pesar de ello, en su dictamen, el Tribunal Electoral ignoró olímpicamente esta gravísima violación. El IFE y sus funcionarios violaron las leyes y el Tribunal Electoral, haciéndose cómplice, olvidó hasta su propio desmentido, pero no les importó.

4.- El Tribunal Electoral, sentenció, para ordenar el recuento de más de 11 mil casillas, que el IFE violó la ley electoral y la Constitución al negarse, durante el Cómputo Distrital, a recontar aquellas casillas que tenían errores aritméticos evidentes en cuanto a votos, pues era, de oficio, su obligación. Que también las violentó al negarse a recontar aquellas casillas solicitadas por la Coalición por el Bien de Todos con errores evidentes en cuanto a boletas. Es decir que, de acuerdo a la inapelable sentencia del Tribunal Federal Electoral, el IFE, una institución del Estado, violó, al menos, en más de 11 mil veces la ley electoral y la Constitución de la República, y no pasó nada. De acuerdo a la inapelable sentencia, el IFE está dirigido por delincuentes electorales, pero no les importó.

5.- El Tribunal Electoral, en las más de 140 sentencias que ordenaron el recuento del 9% de las casillas, determinó que, “salvo prueba en contrario…se extrajeron indebidamente o se introdujeron de manera espuria”, votos en las urnas. En el propio recuento esa defraudación se comprobó plenamente en el 72% de las casillas. Sin embargo, en su sentencia final, el Tribunal, ignoró sus propias diligencias y convirtió en “legales” ambos ilícitos, pues aceptó como válidos, cientos de miles votos espurios y aceptó, también sin chistar, el robo de cientos de miles de votos válidos. Si hubieran actuado en consecuencia anulado aquellas casillas que ellos mismos dictaminaron en su recuento, como adulteradas “de manera espuria”, el resultado hubiera sido que Andrés Manuel López Obrador hubiera sido el triunfador. Más aún, el Tribunal Electoral no presentó en su dictamen, como él mismo se lo exigía en sus sentencias, ni una sola “prueba en contrario”, pero no les importó.

6.- El Tribunal Electoral sentenció que ninguna de estas ilegalidades, por separado o sumadas, importaron a la hora de calificar, “de legal”, el proceso electoral. Es decir que, tanto las autoridades como el proceso electoral mismo, se sujetaron a los principios rectores de “CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD”, a los que obliga, en su artículo 41, nuestra Constitución. El Tribunal lo hizo así, a pesar de que en su inapelable jurisprudencia dice lo contrario, pues, en el estado de Tabasco en el año 2000, con ilegalidades de menor rango y magnitud y con una mayor diferencia entre el primer y segundo lugares, había sentenciado de manera inapelable, y haciendo referencia a su propia jurisprudencia, que, ese tipo de ilegalidades, producen una “afectación (que) es decisiva en una elección cuyos resultados son muy cerrados...” ya que la diferencia en los votos, “es de apenas 1.1 puntos porcentuales… por lo que el surgimiento de cualquiera de ellas pudo ser la causa de que un determinado partido fuera el triunfador, puesto que si las anomalías no se hubieran producido, el resultado podría haber sido otro”. En la elección presidencial la diferencia fue de la mitad, 0.5%... pero sus sentencias y su jurisprudencia no les importaron ni a ellos mismos.

7.- Por si fuera poco, después de su contradictoria e ilegal sentencia final, el Tribunal Electoral, violentó una vez más la ley al no haber consignado, ante la Procuraduría General de la República, los casos en que, de acuerdo a su propio dicho, se cometieron ilícitos. Es obligación de cualquier autoridad que sepa de algún delito denunciarlo formalmente, más aún si conoce a los responsables de su comisión y sin excusa alguna si, además, los delitos y sus responsables han sido acreditados como tales en una diligencia judicial. En caso contrario, dice la ley, se estaría cometiendo un delito. Sin embargo, violentando la Constitución y las leyes, los miembros del Tribunal Electoral no los denunciaron ante la autoridad judicial correspondiente y no les importó.

Efectivamente, a la indolencia y cinismo de los Magistrados Electorales del Poder Judicial de la Federación hay que agradecerles su contribución al esclarecimiento de la verdad histórica. Sin embargo, los magistrados también contribuyeron al descrédito de nuestras instituciones y de quienes las encarnan, pues no sólo cometieron el delito de encubrir hechos delictivos, sino que además, declararon como legal, lo ilegal, en evidente contradicción con las pruebas exhibidas por ellos y con su propia jurisprudencia. Los dueños del poder y el dinero asumen que somos un pueblo de idiotas, sin memoria. Pretenden que se olvide cómo empezó esta crisis política y quiénes fueron los que impidieron el legal recuento de voto por voto, casilla por casilla y ahora acusan del descrédito de las instituciones a quienes, a pesar de la demostrada inequidad en su contra, propusieron esa sencilla solución que nos garantizaba, a todos, la legitimidad necesaria para gobernar democráticamente.